Resolución de conflictos familiares

Asuntos como la guarda y custodia de los hijos, la adjudicación de bienes familiares como la vivienda o la imposición de pensiones a favor de uno de los cónyuges son cuestiones que se debaten cada día en los Juzgados y que son objeto de estudio y continua negociación en Bufete Navarro.

En Bufete Navarro damos preferencia a los casos que recibimos sobre divorcios, separaciones o disoluciones matrimoniales, porqué sabemos la importancia que tiene para nuestros clientes, y porqué sabemos que una ruptura familiar supone un cambio importantísimo en la vida a nivel afectivo, emocional y patrimonial. Para ello, en Bufete Navarro ponemos a su disposición un equipo de abogados que le prestarán un servicio seguro y de calidad, no solo a nivel técnico sino también a nivel humano. Estaremos a su lado para acompañarles a lo largo de todo el procedimiento, asegurando que los intereses de nuestros clientes sean atendidos como corresponde.

En un procedimiento de divorcio o separación, puede establecerse la persona que podrá utilizar la vivienda, compensando económicamente a la otra si fuera posible, o procediendo a la venta del inmueble.

También se requiere en muchos casos que una de las partes perciba de la otra algún tipo de pensión compensatoria.

En relación a los hijos, los cónyuges podrán solicitar a la autoridad judicial una serie de medidas provisionales para determinar la manera como los hijos menores de edad deberán relacionarse a partir de entonces con los padres, la manera como se ejercerá la patria potestad sobre ellos, el establecimiento de pensión de alimentos a los hijos mayores de edad o emancipados que no tengan recursos propios y convivan con alguno de los progenitores, etc.

Respecto a la convivencia estable en pareja, se entenderá que existe pareja de hecho, si la convivencia ha durado más de dos años ininterrumpidos en la misma vivienda, si durante la convivencia hay un hijo en común o si formalizan la relación en escritura pública.

En este sentido hay que decidir con quién convivirá el menor de edad, si se establece la guarda custodia compartida o bien se otorga a favor de uno de los progenitores, y en ese caso establecer un régimen de visitas apropiado para que el menor pueda mantener el vínculo con el progenitor que no tiene otorgada la guarda y custodia. En caso de guardia y custodia compartida se establecerá los periodos que el menor podrá estar con cada uno de los progenitores conviviendo con ellos, y como se desarrollará ésta guardia y custodia compartida a lo largo del tiempo. Lo más importante aquí es garantizar que se cumplen los derechos del menor en la relación con ambos progenitores.

Legalmente se establecen 4 tipos de guarda y custodia:

1. Custodia exclusiva: Cuando solamente uno de los dos progenitores tiene la custodia del hijo menor de edad, que vivirá junto a él. Al mismo tiempo habrá un régimen de visitas del menor con el progenitor que no ostente la custodia.
2. Custodia Partida: Se concede la custodia de uno o más hijos a un progenitor y los restantes al otro.
3. Custodia conjunta: Ambos progenitores mantienen la responsabilidad legal y control y cuidado del niño como si se tratara de una familia intacta.
4. Custodia compartida: Es aquellos casos en los cuales los progenitores se encargan de la custodia de los hijos por periodos, de forma rotatoria, de manera que en realidad no hay una custodia sino dos custodias, una por cada progenitor.

La guardia y custodia podrá pactarse de común acuerdo entre los progenitores o en caso de que no haya posibilidad de acuerdo será la autoridad judicial quien acabará decidiendo. En todo caso el Ministerio Fiscal estará presente en el procedimiento para velar por los intereses del menor.

El procedimiento de adopción es una medida para proporcionar al menor un núcleo de convivencia familiar, en sustitución del propio, de manera definitiva, cuando las circunstancias del menor y su familia lo requieren.

El procedimiento de adopción no es sencillo, y se necesita cumplir una serie de requisitos para llevarlo a cabo. Desde Bufete Navarro nos ponemos a disposición de los clientes que desean realizar una adopción, para preparar todos los escritos y trámites necesarios, y para valorar también si se cumplen o no los requisitos fijados por la Ley para llevar a cabo la adopción.

Para poder adoptar a un hijo es necesario reunir los requisitos siguientes:
-Disponer de la plena capacidad de obrar
-Ser mayor de 25 años, a no ser que se trate de la adopción del hijo del cónyuge, o de la pareja estable, o de parientes huérfanos, y tener como mínimo 14 años más que la persona adoptada.
-La adopción por más de una persona solo se admite en el caso de los cónyuges o de los miembros de una pareja estable. En estos casos, basta que uno de los adoptantes haya cumplido veinticinco años.

De la misma manera que la Ley establece unos requisitos para poder adoptar, también dispone un listado con las situaciones en las que no se podrá adoptar o ser adoptado.

La Ley prohíbe adoptar a las personas que hayan sido suspendidas o privadas de la potestad o las que hayan sido removidas de un cargo tutelar mientras estén en esta situación.

Del mismo modo, no podrán ser adoptados los descendientes, hermanos, o los parientes de segundo grado de la línea colateral por afinidad, mientras dura el matrimonio que origina el parentesco.

Para incapacitar a una persona es necesario que sea declarada incapaz mediante sentencia firme en virtud de los supuestos de incapacidad establecidos en la Ley.

Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

Los menores de edad podrán ser incapacitados cuando concurra en ellos causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad.

En caso que una persona sea declarada judicialmente incapaz, se le asignará un tutor que será el encargado de asistirle o representarle y velar por la persona declarada incapaz, encargándose de la guarda y protección de su persona y del patrimonio de ésta.

La tutela se podrá otorgar mediante testamento o codicilio, escritura pública o resolución judicial.

El tutor podrá ser un familiar o pariente, pero también podrá ser otra persona si el incapaz no tiene familia en el momento de la incapacitación. En cualquier caso, el tutor deberá pasar cuentas cada cierto tiempo ante la autoridad judicial para dar detalles de la situación del incapaz y de cómo está desempeñando las funciones de la tutela.

En determinados supuestos la persona incapaz tiene ciertas facultades que le permiten actuar mínimamente con cierta independencia, y para los que se considera excesivo la asignación de un tutor. Para estos casos la Ley prevé la figura jurídica de la curatela que conlleva designar a una persona llamada curador. El curador no ostenta la representación de la persona puesta en curatela, y simplemente se dedica a complementar su capacidad.